Revocatoria de extensión del TPS a venezolanos
Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional, ha declarado la revocatoria de la extensión del estatus de protección temporal a venezolanos, por motivo de asegurar que todos los casos sigan siendo revisados uno por uno, incluyendo a los criminales del Tren de Aragua. Dichos migrantes ilegales azotan poblaciones de los Estados Unidos como Aurora, Colorado y Nueva York, Nueva York. Justamente la nueva administración se anota méritos policiales, al haber arrestado a cabecillas venezolanas del Tren de Aragua: tanto en Aurora, Colorado como en Nueva York, Nueva York. La ciudadanía norteamericana sigue horrorizada con el nivel de criminalidad de los delincuentes venezolanos, y exige mano dura contra todos aquellos que provengan de dicha nacionalidad.
Regresamos a la situación anterior al 17 de enero de 2025: no se está anulando el estatus de protección temporal. Los casos ya en curso expiran en abril para quienes los habían solicitado hace más de un año. El segundo lote de quienes los habían solicitado recientemente expira en septiembre. Ya sea en abril o septiembre, los inmigrantes venezolanos que no acudan a abogados de inmigración serán considerados ilegales y sujetos a deportación. Es importante aclarar que hay personas que ni siquiera han solicitado el estatus de protección temporal: ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos y cometieron delitos inmigratorios por ingresar sin visado. Estados Unidos es un país que se caracteriza por la ley y el orden. Las multas de tránsito incluyen comerse luces rojas. Manejar bajo los efectos del alcohol es una falta grave, comolo es exceder el límite de velocidad de 55 millas por hora equivalentes a 88 km por hora. En las autopistas venezolanas es común exceder dicho límite de velocidad.
Los venezolanos por lo general no somos respetuosos de las leyes. Nos gusta hacer lo que nos da la gana. En nuestro inconsciente colectivo cargamos la aplicación de los artículos 333 y 350 como desobediencia civil permanente, porque es nuestro estado natural. No nos gusta que existan autoridades que nos impongan ley y orden. Eso nos ha causado problemas cuando nos desplazamos a otros países de la comunidad internacional: es necesario que los venezolanos en Estados Unidos resuelvan sus estatus migratorio de manera inmediata: o serán sujetos para la deportación. Kristi Noem también se expresó en buenos términos a la gestión en el Departamento de Estado del Secretario de Estado Marco Rubio, quien tiene excelentes relaciones con los países latinoamericanos, de donde son oriundos la mayoría de los inmigrantes ilegales. En sus negociaciones con dirigencias de cada uno de esos países, Marco Rubio descubrirá la forma idónea para transportar a los deportados de forma masiva, expedita y segura.
En el caso de Venezuela aún estamos en la incertidumbre de si los deportados serán enviados a terceros países, como solicita el presidente constitucional Edmundo González Urrutia, lo cual pudiese incluir la cárcel de máxima seguridad para terroristas en Guantánamo, o las cárceles de máxima seguridad en El Salvador. Ésa sería la propuesta del presidente constitucional de Venezuela Edmundo González Urrutia, mientras que la propuesta del usurpador Nicolás Maduro es un recibimiento en paz, alegría y armonía. Todo aquél que sea deportado de los Estados Unidos podrá regresar a Venezuela sin problemas. Está por definirse cuál de ambas vertientes será preferida por la administración estadounidense, quien como repetimos está urgida por deshacerse de su territorio de inmigrantes indocumentados.
Humberto Calderón Berti, a quien recordamos por su traición al presidente interino Juan Guaidó hace pocos años, y Emilio Figueredo director del portal Analítica han sostenido en posición adelantada, un debate acerca de la eliminación a las licencias petroleras de Chevron. Se pudo observar en sus disertaciones la alegría que experimentan, por la previsible decaída de la economía en Venezuela. Aún no ha sido confirmado si en efecto esas licencias de Chevron serán revocadas. Hemos investigado las publicaciones más recientes al respecto, y únicamente hay referencia de conocidos portales de lobby político, a favor de arreciar las sanciones contra Venezuela. La opinión pública estadounidense por lo general no ve el tema de comprar o no comprar petróleo desde Venezuela como algo prioritario. El enfoque de la agenda permanece en deportación de terroristas, inmigrantes ilegales, y demás infractores de la legislación vigente.
Será durante el mes de abril cuando venza la licencia actual de Chevron. Suponemos que durante los meses de febrero y marzo obtendremos mayor información, de cómo se desarrollarán los acontecimientos respecto al estatus de protección temporal para inmigrantes venezolanos, y cuál sería el desempeño de la petrolera Chevron con el Gobierno Federal de los Estados Unidos: no sólo en su producción específica en Venezuela sino en su proyección global, en los diversos continentes donde mantiene operaciones. Fue significativo que Donald Trump el día de su inauguración, cuando estaba firmando órdenes ejecutivas, comentó que quizás no se le compraría más petróleo a Venezuela: lo cual deja una ventana abierta a que sí se siga comprando. No hay decisión ni apuro al respecto.
Posiblemente el primer conflicto de intereses que haya, como ya hemos aludido, sería la divergencia de opiniones entre el presidente constitucional Edmundo González Urrutia, quien desea que los venezolanos sean deportados a terceros países como El Salvador o Guantánamo, Cuba o la posición del usurpador Nicolás Maduro, quien prefiere que los deportados vengan directamente a Venezuela. Sería interesante consultar la opinión pública de los inmigrantes ilegales de Estados Unidos: acerca de su preferencia sobre a qué lugar preferirían ser deportados, una vez caigan en cuenta que será imposible permanecer de modo ilegal en suelo estadounidense. Ello incurriría en reincidencia violatoria de leyes, cuando lo que se busca es enviar un ejemplo claro que la ley y el orden son la base de los Estados Unidos de América, país que por cierto ya no desea ser considerado como una república bananera.
Tanta inmigración latinoamericana ha infestado a los Estados Unidos de malas costumbres jurídicas, en donde la vieja tradición española de se acata pero no se cumple sigue en nuestra psiquis. Es imperioso restaurar el metodicismo anglosajón y nórdico en general. Siempre hemos dicho que los latinos tenemos una cultura alegre, que celebra la inconformidad y la violación de las leyes, mientras que en países latinoamericanos las personas respetuosas de la ley son catalogadas como aburridos y anticuados. Este escarmiento que se está proporcionando con justa razón, a nuestro gentilicio en los Estados Unidos, debe servirnos como ejemplo que nuestra cultura permisiva ha fallado durante muchas generaciones. Ahora nos toca aprender a convivir según los estándares de los países civilizados y respetuosos de la ley.
A nivel doméstico persiste la fastidiosa campaña de Un Nuevo Tiempo, posicionando a Manuel Rosales e Iraida Villasmil como candidatos a la gobernación del Zulia y Consejo Legislativo del estado Zulia, respectivamente. La ciudadanía venezolana está harta de estos politiqueros, a quienes toleramos su permanencia mientras termina su actual periodo. La idea es que no concurran a más elecciones. Por consiguiente es necesario que la Plataforma Unitaria identifique a todos los activistas y militantes de Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista, Alianza del Lápiz, Conde, Arepa y demás partidos alacranes. Ellos presentarán candidatos a diversos cargos de elección popular. Es necesario elaborar una base de datos con información de todas esas candidaturas, para pasársela a las cancillerías de los países que reconocen a Edmundo González Urrutia: incluyendo Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Ecuador, Argentina, Perú, Costa Rica, Israel, Italia. Todos esos países deben emitir sanciones contra todos esos candidatos que concurran a elecciones para cargos de elección popular en Venezuela. Están violentando la Cobranza del Triunfo de Edmundo González Urrutia, quien ganó las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, y a quien no se le permitió acceder a su juramentación en Caracas el pasado 10 de enero, que era lo constitucionalmente acertado.
El derroche de fuerza que impone Nicolas Maduro, a una cantidad de personajillos que desean vivir de la política, y desean tener acceso a recursos públicos para manejarlos, debe ser sancionado. La familia de Manuel Rosales, por ejemplo ostenta una opulenta vida en Orlando, Florida, Estados Unidos. Pudiesen ser fantásticos sujetos de deportación. Todos los demás candidatos a alcaldes y concejales, por tarjetas que se plieguen a Maduro, serán identificados y denunciados ante la comunidad internacional: para que sean sancionados y no puedan efectuar negocios con esos países, ni tampoco puedan ingresar allí ya que se les eliminarán sus visados. No caeremos en la campaña sucia que nos está pidiendo votar. Hay mucha gente que ha votado toda la vida, cuando el voto era un instrumento respetable y computado con acuciosidad. En los actuales momentos no existe un Consejo Nacional Electoral, que tenga la capacidad de proporcionar resultados mesa por mesa. Incluso existe la certidumbre que por órdenes políticas, ajenas a la voluntad popular que se expresa en las urnas, el Consejo Nacional Electoral suele modificar la adjudicación a favor de lo que decida el régimen.
Pudiese darse el caso que en las venideras elecciones municipales, regionales, de diputados nacionales, diputados de asambleas legislativas, alcaldes y concejales la abstención opositora será tan masiva que los alacranes lograrán captar una votación muy ínfima. Quizás el PSUV se vea obligado, para no adjudicarse todos los cargos de elección popular como realmente le correspondería, a regalar o adjudicar por método de trampa alguna que otra concejalía a alguno de los partidos alacranes, cuando ni siquiera la hayan ganado. Si la Mesa de la Unidad Democrática aún tuviese tarjeta habilitada, si Edmundo González Urrutia estuviese despachando desde Miraflores, si la asamblea nacional se estuviese abocando a coadyuvar a cambios necesarios en el Consejo Nacional Electoral para que pudiera ser confiable nuevamente, si el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio pudiese llegar a algún acuerdo con el Tribunal Supremo de Justicia de la usurpación, y se conformara un nuevo sistema de Justicia: si tantos objetivos políticos que tenemos los venezolanos estuviesen logrados sí habría disposición ciudadana a participar en nuevas elecciones.
Ése no es el caso. Nos mantendremos como una oposición abstencionista. No votaremos hasta que se reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente constitucional en ejercicio, lo cual implica que las fuerzas armadas deben acatar la voluntad del pueblo. Quedaría pendiente una posible salida de fuerza, en el marco de la invitación del estado de Israel a Edmundo González Urrutia para visitar Tel Aviv. Una vez se desarrolle esa visita contaremos con mejor información sobre qué tan democrática o militarizada pudiese ser la solución inédita, que nos proporcione Israel. Como sabemos Israel es un estado experto en conflictos de vieja data con regímenes hostiles. Esperemos que Edmundo González Urrutia no caiga en un letargo, ni en un silencio pasmoso durante los próximos días, y vuelva a aparecer una vez salga de viaje a algún otro país.
La ciudadanía venezolana se está fastidiando que el presidente electo es demasiado reservado. Los pocos anuncios que efectúa ni siquiera los llega a cumplir, como fue su famosa propuesta de venir a juramentarse en Caracas el 10 de enero, y no lo cumplió. Es preferible no prometer nada para no tener que cumplir algo que no debiste prometer. Esperemos que Edmundo González Urrutia no incurra nuevamente en ese error. Esperamos que Edmundo González Urrutia logre juramentarse en alguna parte, y que proporcione un escrito jurídico que sea comprensible y que detalle por qué en su caso era procedente violar el artículo 231 de la Constitución nacional, que exigía que él hubiese sido juramentado el pasado 10 de enero.
Al no haberse juramentado como presidente constitucional el 10 de enero, Edmundo González Urrutia perdió el tren y nos ha llevado a los venezolanos a la poco confortable situación de esperar 6 años más, a que nuevamente se convoquen elecciones presidenciales. Todo el esfuerzo reciente se perdió. En caso que no sea así y que aún sea posible juramentar a Edmundo González Urrutia como presidente constitucional, sería prudente que algún jurista constitucionalista explique cómo dicha juramentación extemporánea pudiese ser posible, sin violar el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos la sospecha que estas preguntas nunca serán contestadas, sino que simplemente nos llegarán instrucciones desde redes sociales, donde El Comando Venezuela o la Plataforma Unitaria nos convocarán a los venezolanos en alguna ciudad a marchar y aplaudir, cuando Edmundo González Urrutia visite su próximo destino turístico.